El año político de Morón comenzó con la presentación del primer proyecto de Resolución del 2026. El concejal Alfonsó Martínez, referente del movimiento obrero local, y uno de los secretarios generales de la CGT-Regional Morón/Hurlingham/Ituzaingó, presentó un proyecto de Resolución para que «El Honorable Concejo Deliberante de Morón manifieste su más enérgico repudio al proyecto de ley del Gobierno Nacional denominado «Ley de Modernización Laboral». Entre otros puntos, plantea que: «Este Honorable Cuerpo no puede permanecer ajeno ante las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional que, en nombre de una pretendida modernización, procuran precarizar las condiciones laborales y debilitar los derechos históricos de las trabajadoras y los trabajadores»…»Dichas iniciativas responden a un modelo económico que prioriza la maximización de las ganancias de los grandes grupos económicos, en consonancia con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, teniendo como objetivo final desmantelar un amplio abanico de derechos conquistados por el movimiento obrero organizado argentino desde el año 1943 en adelante.»
Ante la convocatgoria de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, por parte del Ejecutivo, el Gobierno Nacional y sus aliados y cómplices de turno, pretenden acelerar el tratamiento de su proyecto de reforma laboral, buscando aprobarlo en el Senado (Cámara a la que ingresó) alrededor del 11 de febrero de 2026.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional expone su carácter regresivo, la afectación directa al salario, al empleo formal y a la libertad sindical, y una profunda desnaturalización del Derecho del Trabajo en la Argentina.
Texto completo del proyecto
Morón, 27 de enero de 2026
Sra. Presidenta del
Honorable Concejo Deliberante de Morón
Cjala. Sibila Botti
S________/________D
El concejal Alfonso Martínez, integrante del bloque Unión por la Patria abajo firmante, somete a consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Art. 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Morón manifieste su más enérgico repudio al proyecto de ley del Gobierno Nacional denominado «Ley de Modernización Laboral», por los motivos que seguidamente se exponen.
Art. 2º.- Expresar la firme defensa de la normativa laboral vigente, de los Convenios Colectivos de Trabajo y del rol histórico del movimiento obrero organizado como pilar fundamental de la justicia social.
Art. 3.- Comuníquese al D.E, a la CGT, la CTA-Trabajadores, CTA-Autónoma, al Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Buenos Aires y a la secretaria de Trabajo de la Nación.
FUNDAMENTOS
Que este Honorable Cuerpo no puede permanecer ajeno ante las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional que, en nombre de una pretendida modernización, procuran precarizar las condiciones laborales y debilitar los derechos históricos de las trabajadoras y los trabajadores.
Que dichas iniciativas responden a un modelo económico que prioriza la maximización de las ganancias de los grandes grupos económicos, en consonancia con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, teniendo como objetivo final desmantelar un amplio abanico de derechos conquistados por el movimiento obrero organizado argentino desde el año 1943 en adelante.
Que el Gobierno Nacional intenta confundir a nuestro pueblo a través de distintas usinas comunicacionales, instalando la idea de que la reforma laboral propuesta implicaría una mejora o modernización de las condiciones de trabajo.
Que en nuestro país existe una herramienta fundamental y legítima para la modernización del mundo del trabajo, garantizando beneficios tanto para trabajadores como para empleadores, y esa herramienta es el Convenio Colectivo de Trabajo, fruto del diálogo social y la negociación colectiva.
Que resulta asimismo repudiable la estrategia discursiva del Ejecutivo Nacional que pretende hacer creer que la reforma laboral generará nuevos puestos de trabajo, cuando está demostrado que el empleo genuino se crea a partir de la inversión productiva y el desarrollo económico.
Que, por el contrario, las políticas económicas actuales —caracterizadas por medidas recesivas y una apertura indiscriminada de importaciones— provocan diariamente el cierre de empresas, pymes, comercios y talleres en todo el país, y en particular en la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del cuarenta por ciento de la industria nacional.
Que no resulta un dato menor que el actual Presidente de la Nación omita sistemáticamente en sus discursos toda referencia a los conceptos de “trabajo”, “producción” e “industria”, asumiendo una posición diametralmente opuesta a uno de los principios históricos del Movimiento Nacional Justicialista, que sostiene que “gobernar es crear trabajo”.
Que quienes tenemos el honor de representar al pueblo de Morón estamos obligados a manifestarnos en defensa irrestricta de las conquistas históricas del movimiento obrero organizado y de la dignidad del pueblo trabajador.
Por todo lo expuesto con anterioridad, como integrante de este Honorable Cuerpo, solicito la aprobación del proyecto presentado.
Alfonso Martínez
Concejal Union por la Patria
Presenté proyecto para que el Concejo Deliberante de Morón rechace el proyecto de reforma laboral precarizadora impulsado por el Gobierno Nacional y sus aliados.#noalareformalaboral pic.twitter.com/rLa9oVlMzu
— Alfonso Martinez (@Alfonsomoronok) January 27, 2026
Una falsa «Modernización»
El mensaje de elevación sostiene que la reforma busca remover distorsiones, generar empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica. Sin embargo, el análisis del articulado demuestra que esos objetivos no solo no se cumplen, sino que se utilizan como justificación para debilitar las tutelas laborales consagradas en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y los convenios de la OIT ratificados por nuestro país.
No existe evidencia empírica que respalde la idea de que la reducción de derechos laborales genere más empleo formal. Por el contrario, la historia reciente argentina demuestra que los mayores niveles de empleo y de calidad laboral se alcanzaron ampliando derechos y fortaleciendo la protección contra el despido arbitrario.
Salarios, jornada y condiciones de trabajo
El proyecto introduce la noción de “salarios dinámicos”, habilitando la negociación individual de componentes remunerativos por fuera de los convenios colectivos. Esta medida debilita el rol de los sindicatos, rompe la negociación colectiva como herramienta de equilibrio y deja el salario librado a la discrecionalidad patronal.
En materia de jornada laboral, se eliminan en la práctica los límites máximos, habilitando esquemas como el “banco de horas” y jornadas de hasta 12 horas o más, sin pago de horas extras. Esta organización del tiempo de trabajo no solo impacta negativamente en el ingreso, sino que desorganiza la vida personal, familiar y social de las y los trabajadores, atentando contra su salud y su dignidad.
Asimismo, se amplía el concepto de “beneficios sociales” para excluirlos del salario, reduciendo la base de cálculo de aguinaldo, vacaciones, horas extras e indemnizaciones, y se permite su modificación o eliminación unilateral por parte del empleador.
Despidos e indemnizaciones
Aunque el proyecto afirma ratificar el principio de responsabilidad objetiva, en los hechos reduce drásticamente las indemnizaciones por despido. Se achica la base salarial para su cálculo y se prohíbe reclamar daños y perjuicios por fuera del régimen tarifado de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo a las personas trabajadoras de derechos que sí conservan otros sujetos del derecho.
Además, se consolidan y amplían los sistemas de Fondo de Cese Laboral, que van a terminar siendo una caja privatizada con fines especulativos. Se crea también un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes que hoy sostienen el sistema jubilatorio, generando una nueva caja de administración privada y desfinanciando la seguridad social.
Precarización laboral
El proyecto elimina la presunción de existencia de relación laboral, promueve figuras contractuales no laborales y excluye expresamente de la LCT a trabajadores y trabajadoras de plataformas. Se legalizan mecanismos de fraude laboral, se amplían las posibilidades de tercerización y se reducen o eliminan las responsabilidades de las empresas principales.
Estas medidas profundizan la precarización, incentivan la informalidad y consolidan un modelo de empleo sin derechos, en abierta contradicción con el mandato constitucional de protección del trabajo.
Ataque a la libertad sindical y a la negociación colectiva
Uno de los aspectos más graves del proyecto es la afectación directa a la libertad sindical. Se habilita la personería gremial de sindicatos de empresa aun cuando existan sindicatos de actividad, promoviendo la fragmentación y debilitamiento de la representación colectiva.
Se elimina la obligatoriedad del empleador como agente de retención de la cuota sindical, se condiciona la realización de asambleas a la autorización patronal y se limita el derecho de huelga mediante sanciones económicas, laborales y penales. Las nuevas definiciones de servicios esenciales y de importancia trascendental imponen guardias mínimas que, en los hechos, vacían de contenido el derecho a la protesta.
Además, en nuestra actividad, se declara a los trabajadores y las trabajadoras del sector audiovisual como esenciales, debéndose garantizar el 75% de personal operativo en las empresas, con el único fin de limitar el impacto de las nuestras medidas gremiales.
En negociación colectiva, se priorizan los convenios de empresa por sobre los de actividad, se relativiza la ultraactividad y se habilita la intervención de la autoridad administrativa para suspender cláusulas convencionales, debilitando uno de los pilares centrales del sistema de relaciones laborales.
declarar a los trabajadores del sector audiovisual como esenciales, limita ese derecho porque implica garantizar el 75% de la dotación en las empresas.
Vaciar la justicia del Trabajo
El proyecto también avanza sobre la Justicia del Trabajo, modificando procedimientos, restringiendo el acceso a la justicia y condicionando la independencia judicial. Se anuncia, además, un carácter transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo, con la intención de trasladar sus competencias a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Un prioyecto incompatible con los derechos laborales.
La Reforma Laboral impulsada por el PEN no moderniza: retrocede. No genera empleo: precariza. No brinda seguridad jurídica: multiplica la conflictividad. Se trata de un proyecto incompatible con el Derecho del Trabajo, con la Constitución Nacional y con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
Resulta imprescindible rechazar esta reforma y sostener un modelo de relaciones laborales que garantice salarios dignos, empleo registrado, libertad sindical y negociación colectiva efectiva.
