Es poco probable que la oposición consiga las 129 manos necesarias para llegar al quórum, y de esa manera, y de esa manera avanzar con la prórroga a la Emergencia en Discapacidad, las iniciativas que buscan darle una respuesta a las familias endeudadas y el rechazo al DNU 70/23, que lleva tres año de vigencia, y el Senado ya lo rechazó. Sin embargo, la esperanza de un freno a las políticas destructivas del Gobierno nacional, sus cómplices y aliados, estarán puestas en la –que a todas luces será- una masiva marcha universitaria y de movimientos sociales, sindicatos y otras organizaciones libres del pueblo, que se concentrarán desde este mediodía frente al Congreso.
El Gobierno dio un giro para proteger el decreto que considera el pilar de su gestión. Casi tres años después de derogarla por el DNU 70/23, La Libertad Avanza firmó este miércoles un dictamen de mayoría que restituye la «plena vigencia» de la Ley de Tierras Rurales, aquella que sancionó el kirchnerismo a fines de 2011 y que ponía un tope del 15% a la propiedad de extranjeros. La maniobra llegó a menos de 24 horas de la sesión que la oposición convocó para este jueves a las 14 con el objetivo de rechazar el decreto completo, y apunta a sacarles el argumento más fuerte a los bloques que responden a gobernadores.
Vuelve la ley de tierras: la derogación de la derogación
El cambio se hizo sobre la marcha, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que preside el libertario Nicolás Mayoraz. El oficialismo firmó con el PRO y la UCR, 34 firmas en total, el dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tenía media sanción del Senado, y le agregó un capítulo con dos artículos: uno que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70, el que derogaba la Ley de Tierras, y otro que repone la 26.737.
Para que el giro no quedara tan a la vista, lo anunció un radical, el correntino Diógenes González. «Que la Ley de Tierras recobre vigencia por ley. Esperemos que el Senado tome estas modificaciones y lo convierta en ley», dijo. Como el texto cambia, vuelve a la Cámara alta, y Diputados lo trataría en la sesión oficialista del 21 de octubre. Si prospera, volvería a regir el límite de 15% de la superficie nacional para la venta a extranjeros, lo contrario de lo que había buscado el Gobierno al eliminar todos los topes.
La oposición lo recibió con ironía. «Vuelve la ley del peronismo. Es casi una comedia«, dijo el massista Diego Giuliano. La camporista Paula Penacca habló de un «manotazo de ahogado» y sostuvo que firmaron algo «en contra de lo que firmó el Presidente». Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, aseguró que «es una maniobra de cuarta para evitar que haya quórum en una sesión en la que intentaremos tirar abajo el nefasto DNU 70«, y pidió saber «quiénes no se van a sumar a tirar abajo el DNU y a cambio de qué».
Hubo además dos dictámenes alternativos. Unión por la Patria presentó uno de rechazo, acompañado por los misioneros de Argentina Federal Alberto Arrúa y Yamila Ruiz. El de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, lo firmaron también legisladores de Provincias Unidas como el cordobés Juan Brügge: coincide en derogar el artículo 154, pero propone revisar los diez días en los que, tras el fallo de la Corte, el país quedó sin regulación.
Lo que queda a salvo del DNU 70 de Milei: alquileres, cielos abiertos e internet
La clave está en lo que el Gobierno quiere conservar. Tras el fallo de la Corte Suprema del 9 de octubre, que repuso la Ley de Tierras de forma cautelar, el artículo 154 ya no era el principal motivo para voltear el decreto. El dictamen de ayer lo vuelve definitivo, y deja al DNU sin su punto más polémico para los aliados. Lo que quedaría en pie es lo demás: la derogación de la Ley de Alquileres, el mercado aerocomercial, el abastecimiento y el servicio de internet, entre otras desregulaciones.
Como el DNU solo puede rechazarse completo, no por artículo, esa lista pesa. Martín Menem lo había planteado en esos términos: una caída del decreto traería aumentos de alquileres y problemas con el internet satelital. Para el Gobierno, su caída generaría un caos jurídico y sería un golpe al corazón de la gestión.
La estrategia se completa con la sesión del 21, que el oficialismo convocó para tratar los mismos temas que la oposición pone hoy, Discapacidad y Endeudamiento Familiar. Así ofrece a los dialoguistas una alternativa para votarlos sin tocar el decreto.
Los diputados que definen el quórum
Según los sondeos que manejan los bloques en el Congreso, la oposición llegaría a unos 122 presentes, siete menos que los 129 necesarios. En principio se sentarían 92 diputados de Unión por la Patria, 11 de Provincias Unidas (cinco de ellos cordobeses), 4 de Argentina Federal (los misioneros), 4 del Frente de Izquierda, 3 de Elijo Catamarca, 2 de Encuentro Federal, 2 de la Coalición Cívica, 2 de un bloque del peronismo puntano y las monobloquistas Natalia De la Sota y Marcela Pagano.
Dos de esos bloques ya dieron su palabra. Los misioneros, que responden al gobernador Hugo Passalacqua, acompañarán el rechazo al DNU, un giro respecto del apoyo que le dieron a la Ley Bases. «El 70/23 le afectó a todo el país, pero particularmente a la provincia de Misiones», dijo Arrúa, que agregó que la provincia dio «dos años de crédito» al Gobierno y que la reciprocidad fue desigual. Los de Elijo Catamarca, que responden a Raúl Jalil, también bajarán. «Hemos decidido acompañar la sesión y somos firmes defensores de la Ley 26.737», dijo su referente, Sebastián Nóblega, antes del último giro del oficialismo.
Los que tienen la llave responden a Gustavo Sáenz, de Salta, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, Carlos Sadir, de Jujuy, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, e Ignacio Torres, de Chubut. En principio, esos gobernadores evitarían meterse en el «pantano» del DNU.
En Córdoba, los diputados del PJ Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo se aprestan a bajar al recinto, aun sabiendo que el quórum tambalea, por el hartazgo con los vaivenes del Gobierno y por incumplimientos financieros con la provincia. También lo hará Brügge, que desde el primer día se pronunció por rechazar el decreto. Alejandra Torres analizaba ausentarse, con reparos a derogar un DNU que incluye alquileres y transporte aéreo, y está más abierta a la opción de derogar solo el artículo de tierras.
La jefa del bloque Provincias Unidas, la santafesina Gisela Scaglia, no figura en los poroteos opositores, como tampoco el jujeño Jorge Rizzotti, que responde a Sadir, ni la mendocina Lourdes Arrieta. Los tres salteños de Argentina Federal, Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, ya avisaron que no darán quórum, como el chubutense Jorge Ávila, el rionegrino Sergio Capozzi y el santacruceño José Luis Garrido. Y en Salta la expectativa pasa por Sáenz, que el martes reclamó a Nación por el Belgrano Cargas y tiene dos de esos votos bajo la lupa.
Las movilizaciones de hoy podrían inclinar a los indecisos. Hay paro de ATE, con marcha al Congreso desde las 13.30, y la quinta Marcha Federal Universitaria. La oposición apuesta a que la presión de la calle convenza a algunos de ocupar sus bancas, mientras el Gobierno confía en que la Ley de Tierras ya les dio una razón para quedarse afuera.
