La acordada 21/2026, firmada por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los tres jueces del Máximo Tribunal, ordenó un informe al Cuerpo Médico Forense. Solo 76 represores están presos, el 15 por ciento de los represores condenados o procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Por unanimidad, los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia firmaron una acordada en la que encomendaron al Cuerpo Médico Forense la confección de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”. La medida era una demanda de represores y sus familiares, que advertían que el Gobierno libertario no había hecho demasiado por sacarlos de prisión.
Cuando Milei asumió la presidencia, en la fórmula con Victoria Villarruel, familiares y amigos de los represores se ilusionaron con una amnistía a los represores o bien arrestos domiciliarios para todos los detenidos. Lo cierto es que la facultad de otorgar esa medida la tienen los jueces de Ejecución. Y si bien los juicios por delitos de lesa humanidad no avanzan a la velocidad que lo hacían en otras épocas, tampoco se detuvieron.
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El universo al que se dirige esta acordada es limitado: según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad hay 76 represores presos en cárceles, la mayoría de ellos (58) en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El resto, unos 440, están en arresto domiciliario. Según estos números, más del 85 por ciento de los represores están en sus casas y menos del 15 por ciento, en prisión.
Algunos de quienes permanecen tras las rejas son Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta o Christian Federico von Wernich, emblemas del terrorismo de Estado.
Según la acordada firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el protocolo deberá ser realizado en un plazo de 30 días corridos por el Cuerpo Médico Forense (CMF), que depende de la propia Corte Suprema. En un mes, el máximo tribunal tiene previsto distribuir ese documento entre jueces que atienden causas penales, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
Los jueces ordenaron que el protocolo deberá incluir, con el mayor detalle posible: los exámenes e informes médicos pertinentes a efectos de constatar efectivamente el estado de salud de la persona; la verificación, en cada caso, de las condiciones concretas de detención y de la factibilidad de llevar a cabo el tratamiento indicado para la patología dentro del establecimiento penitenciario en el cual se aloja el detenido.
Desde distintas organizaciones pro-militares, que meses atrás presentaron un hábeas corpus para favorecer la salida de las cárceles de los presos por lesa humanidad, celebraron que en la acordada 21/2026, con fecha de este viernes, los jueces de la Corte afirmaron que “el motivo del encarcelamiento no puede ser óbice para brindar al reo la atención que necesita, pues lo que está en juego es un principio elemental de humanidad”.
