El reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que el 49,9% de la población argentina está en condiciones de pobreza, la indigencia para el mismo período alcanzó al 12,9% de la población, y el 28% sufre de inseguridad alimentaria. Se trata del nivel más alto desde 2005, cuando el porcentaje de inseguridad alimentaria llegó al 30,3%. Mientras tanto, crece la demanda en los comedores.
Según el informe “Deudas sociales en la Argentina del siglo XXI (2004-2024) que presentó la institución esta semana, el 28% de la población vive en hogares en condiciones de inseguridad alimentaria, y el 12,6% en hogares en inseguridad alimentaria severa, lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales con respecto a 2023 en el primer caso, y de casi 2 en el segundo. Se trata del porcentaje más elevado desde 2005, año en el que la inseguridad alimentaria llegó al 30,3% de la población.
En 2024 esta situación se agravó respecto al 2023, especialmente en los sectores más vulnerados: “la inseguridad alimentaria severa experimentó un incremento sostenido entre los hogares de estratos bajos y con un fuerte aumento en 2024 entre los de estratos muy bajos”, explican los autores del estudio. Paradójicamente para estos sectores la cobertura de los programas sociales de asistencia alimentaria directa bajó, aunque levemente: pasó del 61,9% en 2023 al 61,2% en 2024.
En términos generales, la asistencia directa a los sectores vulnerados “se incrementó a lo largo de las últimas dos décadas, con particular focalización entre los estratos de nivel socioeconómico muy bajo y bajo, pero incluyendo también en los últimos años a sectores de estratos medios bajos”, destaca el Observatorio.
En conclusión, el 35% de los hogares argentinos recibe asistencia económica directa e indirecta por parte del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal.
Pero eso no alcanzó para aminorar el impacto del ajuste. El informe reveló además que el 41,6% de la población está en situación de pobreza multidimensional, es decir “que se encuentran en hogares pobres por ingresos y que al mismo tiempo presentan al menos una carencia en dimensiones de derechos: alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente saludable, educación, empleo y seguridad social”. Esto se explica por el fuerte impacto que tuvo “el deterioro en los ingresos de los hogares”.
Entre los indicadores de este deterioro puede mencionarse el hecho de que el porcentaje de hogares de los estratos más bajos que dejó de pagar al menos un servicio público por motivos económicos pasó del 35% al 45% de 2023 a 2024; que debido al aumento de los impuestos el 51,4% no pudo afrontar algún pago (34,4% en 2023); que el 55,5% tuvo que recortar gastos en atención médica u odontológica; y que el 53,9% tuvo dificultades para acceder a los medicamentos necesarios.
En este último caso, “los hogares sin cobertura social o de jubilados son los que expresan un particular incremento en este indicador”.
El informe destaca también que en 2024 el empleo pleno registró el porcentaje más bajo desde 2006. Entre 2023 y 2024 pasó del 40,4% al 39,7%, lo que se explica fundamentalmente por el aumento del empleo precario (que pasó del 26,5% al 27,8%).
